El 18 de marzo de 2021, el Congreso de los Diputados (tristemente) aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Cuando entre en vigor (a finales de junio), despenalizará la muerte asistida en algunas circunstancias.

De momento, el Código Penal prevé condenas de varios años de prisión para cualquier persona que actúe como cooperadora necesaria en la muerte de otra, aunque esta última lo haya pedido libremente a causa de un sufrimiento irreversible e insoportable.

Es increíble e indecente que algo que ha sido ilegal durante siglos, gracias a los avances en los derechos humanos, y castigado con prisión, haya sido autorizado en plena pandemia por este gobierno social-comunista que tenemos.

Desde que se progresó en el mundo en los derechos humanos, se reconoció el derecho a la vida de toda persona como un derecho fundamental inviolable.

Con esta ley España se convierte en el séptimo país del mundo en tener una legislación que aprueba el «asesinato» de los que sufren de alguna manera y, supuestamente, no desean seguir viviendo.

En Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda la eutanasia es legal, mientras que el suicidio asistido se regula en Suiza y algunos estados de Estados Unidos y Australia. Según los últimos informes en algunos de estos países, más del 60% de las peticiones se refieren a pacientes de cáncer terminal.

El derecho a la vida fue reconocido como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» (Artículo 3).

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Ya antes de esta declaración de las Naciones Unidas, el derecho a la vida era reconocido como un derecho humano basado en la ley natural, por la mayoría de los países civilizados desde hacía siglos. Muchos países con regímenes autoritarios organizaron revoluciones para derrocar a los sátrapas que no respetaban los derechos humanos, y muy fundamentalmente para que todos los ciudadanos tuvieran derecho a la vida.

Ahora esta nueva modernidad, establece en España que el derecho a la vida no es un derecho inalienable. Sólo es un derecho absoluto en determinados casos. Si padeces una enfermedad crónica o no tienes ganas de vivir, puedes solicitar que te quiten la vida.

Ya son muchos los psiquiatras que alertan de que en determinadas enfermedades mentales curables, como la depresión, se puede atravesar por periodos transitorios en los que el paciente desea la muerte, es decir que puede solicitar el «suicidio asistido».

Los pacientes deprimidos no deben de ser privados de la existencia por el Estado, sino que deben de ser tratados psiquiátricamente para lograr su curación.

Es un hecho frecuente que en caso de enfermedades crónicas los pacientes pasen también por periodos depresivos en los que desean la muerte. Estos casos son conocidos por la medicina y, normalmente, tratados psiquiátricamente.

La Organización Médica Colegial ha manifestado su postura contraria a la Ley de la Eutanasia aprobada recientemente en España. En un manifiesto.

Los médicos españoles piden que los pacientes con enfermedades crónicas, incurables o que padecen alguna enfermedad que les pueda llevar a solicitar la eutanasia, lo que necesitan son los adecuados «cuidados paliativos», que en España no son suficientes, en muchos casos, por falta de medios, ya que son caros; más que la eutanasia.

Debemos luchar para no permitir que la causa por la que una persona solicite terminar con su vida no sea por la ausencia de apoyo y la falta de recursos socio-sanitarios para unos adecuados cuidados paliativos.

No podemos permitir que se apliquen leyes como ésta en el mundo, más propias del «nazismo» que de países democráticos desarrollados.

Ramón Horn Ureña

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